Editorial
Apenas transcurrieron los dos primeros meses del año y ya fue necesario disparar las alertas que nos recuerdan que seguimos en estado de emergencia. Sí, hablamos de femicidio, porque se acumulan, incesantes y despiadadas, las cifras en las que mueren mujeres y niñxs víctimas de la violencia patriarcal y nadie, en la órbita del Estado, parece reaccionar.
Mientras los números del horror aumentan a un ritmo escalofriante, el sistema político, en esta oportunidad, representado por la Intendencia de Maldonado, lanza la iniciativa de implementar un proyecto «dirigido a mujeres victimarias que ejercen violencia contra varones, hijxs y familiares»¹, enmarcando la propuesta en ciertos datos que ellxs mismos señalan como «no oficiales»²; aun así, con liviandad e irresponsabilidad, arrojan números y resuelven destinar recursos humanos y materiales a un trabajo que ignora el principio de violencia de género. Este tipo de resoluciones políticas corre el foco del problema real: el femicidio y la violencia vicaria. En cualquier caso, el objeto de estas acciones redunda en la sistematización del ataque a cuerpos de mujeres —todas— en sus diferentes formas de agresión: persecución, desarticulación de sus redes, desamparo, abuso (verbal, económico, psicológico, físico) y asesinato.
A la fecha de hoy, y según datos reales aportados por organismos nacionales e internacionales —como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, por ejemplo—, el 70 % de las mujeres del mundo ha sufrido algún nivel de violencia de género. En el 90 % de los casos, los victimarios son varones.³
La resolución de una Intendencia que desconoce esta realidad acaba por impactar con mayor furia en las organizaciones sociales y feministas cuando, unos días después, en Paysandú aparecen los cuerpos sin vida de una mujer y su hijo, asesinados en manos de un varón (su hermano)⁴. No es el primer caso del año, y lamentablemente no será el único, pero se trató de un hecho que, por su horrorosa virulencia, provocó la indignación de la población en general. El enojo nos atravesó a todxs, claro. Sin embargo, el tiempo pasa, se distancia la historia y la memoria parece borronearse, haciendo que la urgencia que sentimos hoy por los mecanismos necesarios para la prevención vayan quedando en el tintero siempre.
Mientras tanto, y en la contemporaneidad de la perversión de un sistema político con claro sesgo ideológico, surgen nuevas y complejas situaciones que corren el foco de lo que importa. El pánico por un posible «adoctrinamiento» a niñxs y adolescentes por parte de los feminismos vuelve a problematizar al movimiento, haciendo de él un peligro incluso mayor que el aberrante asesinato de una mujer y su hijo. ¿Cuántas muertes serán necesarias para que comprendamos que este es un problema social y político que nos atañe a todxs?
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¹ González, Nathalie. «Dirección de Género de Maldonado dará talleres para victimarias basados en datos “no oficiales”, que indicarían que 60% de las mujeres son violentas, especialmente las lesbianas». La Diaria, 31 de enero de 2023. Recuperado de: <ladiaria.com.uy/maldonado/articulo/2023/1/direccion-de-genero-de-maldonado-dara-talleres-para-victimarias-basados-en-datos-no-oficiales-que-indicarian-que-60-de-las-mujeres-son-violentas-especialmente-las-lesbianas/>.
² Ibid.
³ ONU Mujeres. «Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres». Unwomen.org, 2022. Recuperado de: <www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes>.
⁴ «Fue imputado el hermano de Giuliana Lara por matarla a ella y a su hijo en Paysandú». La Diaria, 4 de febrero de 2023. Recuperado de: < https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2023/2/fue-imputado-el-hermano-de-giuliana-lara-por-matarla-a-ella-y-a-su-hijo-en-paysandu/>.